Tenso el panorama previo a reunión en la que se decidirá el futuro del sistema de generación eléctrica del país

Tal como anunció el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en el día de ayer, hoy, viernes, se pondera una reunión entre la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para discutir la posible alianza público privada (APP) del sistema de generación eléctrica, tal como se encuentra el sistema de transmisión y distribución con LUMA Energy.

Múltiples sectores han levantado la alerta sobre el costo que esto puede tener para el pueblo puertorriqueño, y anticipan que el Gobierno hará lo indecible para que se concrete el acuerdo.

“A mí no me extrañaría […] que hubiese cualquier tipo de argumento legal, como lo ha habido en el contrato de LUMA, para establecer” la APP, expresó el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, quien criticó la gesta de sus colegas del Partido Popular Democrático (PPD) para detener la privatización, asegurando que la favorecen.

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No obstante, el representante independiente Luis Raúl Torres difirió de esta postura, y reiteró que no habrá cabida para una APP del sistema de generación, siempre y cuando los representantes del interés público en la Junta de la AAPP, Liza Ortiz y Eduardo Ferrer, se abstengan o voten en contra a una propuesta de dicha magnitud.

“Todo es posible en el mundo del Gobierno de Pedro Pierluisi, pero la realidad es que la ley es muy clara”, explicó Torres al detallar que la Ley 120 del 2018, conocida como la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, establece que, para crear una APP en el sistema de energía, dichos representantes, que simbolizan a la legislatura y, por tanto, al pueblo, deben estar a favor.

Torres aseguró que las empresas con las que se planifica una APP son afiliadas de la empresa New Fortress Energy, que suple gas a la AEE, lo que representa un conflicto de interés.

Por su parte, el experto en la Ley Promesa, licenciado Rolando Emmanuelli, destacó que la APP supondría un tercer actor en el juego, y que cobrará una cantidad millonaria para hacer algo que hace la AEE con sus empleados, que se encuentra en medio de la resolución de su quiebra.

“Eso podría ocasionar que se ponga insostenible la operación de los negocios y de la vida aquí, en Puerto Rico, porque no se pueda costear la energía eléctrica”, reiteró el experto, quien expresó que solo se busca saquear a la AEE para aprovechar las asignaciones en fondos federales en nuevos contratos.

Una vez más, la ciudadanía es la que se verá afectada, según los expertos, y en dicho grupo caen los empleados que se ven removidos de sus labores por las decisiones de sus superiores.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, expresó que no cree que el Gobierno se valga de alguna medida legal en caso de que los representantes del interés público no otorguen su voto a favor de una APP.

No obstante, dijo que “si él (el gobernador) realmente quiere garantizar los derechos de los trabajadores, lo que debió haber puesto ahí es que debe haber un patrono sucesor. De lo contrario, lo demás es tirar pa’l cielo”, expresó el líder gremial respecto a una de las condiciones que debió estipular Pierluisi Urrutia respecto a la formalidad de una APP.

Figueroa Jaramillo se reafirmó en que, en definitiva, habrá un aumento en la factura de la luz y destacó, al igual que Denis Márquez Lebrón, la complicidad del PPD para dar paso a la APP.