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Tomás Torres Placa cataloga contrato de LUMA Energy “como un bizcocho mal hecho que sabe mal”

El representante de los consumidores de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa dijo que en la reunión ordinaria del organismo hoy viernes a la una de la tarde, van a “atender un bizcocho mal hecho”.

“Hoy lo que vamos a ver es un proceso bien difícil para todos los consumidores. Donde vemos que por un contrato que tiene sinnúmero de deficiencias, vamos a experimentar un bizcocho a mitad de cocinar. Y tú sabes cómo son los bizcochos a mitad de cocinar, saben mal y nos dan ganas de ir al baño”, dijo Torres Placa a la presa.

Torres Placa se refiere al contrato de administración de la transmisión y distribución para la empresa LUMA Energy, LLC.

Mencionó que además del propuesto aumento de 30 por ciento en tarifa para los abonados (contemplado en el Acuerdo de Reestructuración de Deuda (RSA) que fue aprobado el jueves por la Junta de Control Fiscal (JCF) , está incluido el llamado impuesto al sol, para las personas que tienen en sus hogares placas solares. Estos aumentos propuestos se dan como alternativa para pagar la deuda que la AEE mantiene con sus acreedores y en su sistema de retiro.

“(El impuesto al sol que se propone) inicialmente es de 2.73 centavos por kilovatio- hora, que como está la factura ahora mismo, eso es cerca de un 15 por ciento para ese impuesto.

Torres Placa insistió en que el aumento es como consecuencia, entre otras cosas del contrato de LUMA Energy. El consorcio a través de sus portavoces han insistido en que por los primeros tres años no habrá aumento en la tarifa.

“Vamos a ver qué pasa en estos tres años, porque ningún sistema aguanta un costo adicional de 1,500 millones de dólares en 15 años sin aumentar la luz, eso no existe. Va a aumentar la luz por el contrato de LUMA”.

Se supone que la determinación final de cuánto será el aumento recae en el Negociado de Energía y en la Asamblea Legislativa. Este Acuerdo de Reestructuración de Deuda tiene que ser aprobado por la Legislatura para que entre en vigor.

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