La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Lydael Vega, informó hoy, jueves, que los asistentes sociales enfrentan una sobrecarga laboral debido a la falta de reclutamiento y personal para atender los casos sociales en la isla.
Según detalló Vega, Barranquitas es el segundo local con más referidos al Departamento de la Familia; sin embargo, solo cuenta con dos trabajadores sociales para atender la demanda.
“En la Unidad de Investigaciones Especializadas, particularmente la de Caguas, sabemos que tenemos un problema que normalmente en cada turno lo que tenemos son dos trabajadores. Entonces, hay casos que venían del turno anterior que no se pudieron atender y así se tienen que repartir las llamadas que entran, y ahí tú tienes que empezar a segregar con dos, tres trabajadoras sociales, que en casos de peligro inminente las llamadas pueden tomar el turno de ocho horas de una compañera. Lamentablemente, se ha convertido en el departamento de apagar fuego”, indicó la profesional.
Ante el reciente caso en el que una mujer apuñaló a su hijo, la trabajadora social reaccionó y destacó cómo la fragmentación entre las agencias gubernamentales impidió detectar señales de alerta que permitiera brindar ayuda a la madre y prevenir el trágico incidente.
“Esa madre fue al cuartel. El cuartel pudo haber indicado si ese policía o ese retén, que no sé si tienen las capacitaciones para ello, pudo desde el cuartel haberse generado una 408 sin efecto habían unos indicadores que dieran tanto temor sobre la situación. Así que si ellos solamente deciden hacer el referido al departamento porque la madre se fue del cuartel, pues ellos no vieron tampoco indicadores exacerbantes de esa madre con ese niño.La madre va al hospital. Allá había un personal médico que pudo haber identificado unos indicadores. Y pudo haber observado unos indicadores y haber hecho unas intervenciones. Así que aquí el sistema está completamente fragmentado”, dijo la trabajadora social.
Tras el arresto de la madre, Vega concluyó: “Es una criminalización constante de quienes estamos en vulnerabilidad” y recomendó crear nuevos programas comunitarios de salud mental que sustituyan las medidas punitivas del Estado.
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