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Transición: critican traspaso de propiedad municipal en San Juan

El presidente del Comité de Transición del Municipio de San Juan, Manuel Díaz Saldaña criticó el viernes que no se le informara sobre el traspaso de una propiedad por un dólar la semana pasada.

“En aras de trabajar con transparencia y salvaguardando el proceso que atravesamos, la cortesía es lo menos que solicitamos. Este tipo de determinaciones se deben informar al Comité. Reconocemos que la alcaldesa saliente tiene un mandato que cumplir, pero este tipo de determinaciones que pueden afectar la gobernanza entrante debe ser divulgada”, dijo Díaz Saldaña.

En el séptimo día de Vistas Públicas de Transición del Municipio de San Juan le tocó el turno a la Oficina de Secretaría Municipal y la oficina de Asuntos Legales.

Según Díaz Saldaña,  no se pudieron especificar los casos en contra del Municipio de San Juan, pero se precisó que la deuda actual en planes de pagos por conceptos de sentencias finales en contra del Municipio asciende a más de 6 millones de dólares.

Al 31 de octubre de 2020, la Oficina de Asuntos Legales del Municipio contaba con 1,034 casos activos entre los diferentes foros y 242 apelaciones de empleados municipales ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

Se informó que no existe una normativa para asegurarse que los abogados representantes del Municipio cumplan con las regulaciones y licencias vigentes, esto, se informó es responsabilidad individual.

De otra parte, se mencionó que la sede de la Oficina de Asuntos Legales se encuentra en una propiedad alquilada por el monto de 93 mil dólares, esto ya que dicha Oficina ubicada en la Casa Alcaldía en el Viejo San Juan, se vio afectada tras el paso del huracán María.

Se dijo que los documentos legales que se encuentran en esta área, está en muy mal estado, según se detalló. La zona se ha continuado asperjando para intentar evitar que se deterioren más. Los trabajos de reconstrucción de la Oficina no han iniciado.

En el turno de la Oficina de Secretaría Municipal, los deponentes reconocieron que tras el allanamiento del Negociado federal de Investigaciones (FBI) en la Torre Municipal en 2018, no se realizó un inventario de la propiedad ocupada, ni auditoría sobre los documentos allanados.

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