Una medida presentada el pasado lunes para establecer que la ciudadanía pague algún tipo de arancel a la hora de realizar querellas en oficinas gubernamentales ha levantado la alerta y provocado el rechazo de múltiples organizaciones.
El Proyecto de la Cámara 0644, de la autoría de Ángel Morey Noble, crea la “Ley para Facultar el Establecimiento de Aranceles en los Procedimientos Administrativos del Gobierno de Puerto Rico” en miras a atender la forma en que se atienden las querellas bajo la existente Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, que ya regula los procesos administrativas en las agencias del Gobierno.
“Los procedimientos adjudicativos implican gastos operacionales significativos que actualmente son sufragados exclusivamente por fondos públicos. Esto genera una carga económica considerable para las agencias gubernamentales y afecta la capacidad del Estado para ofrecer servicios eficientes. Por otro lado, nuestra jurisdicción no se encuentra exenta de la presentación de querellas frívolas o sin fundamento real por parte de personas que, sabiendo que sus reclamaciones no proceden, utilizan la maquinaria del Estado para adelantar intereses personales que contravienen los fines de los procedimientos administrativos“, lee parte de la exposición de motivos del proyecto, que puede leer aquí.
La licenciada Melissa Pellicier Ortiz catalogó el asunto como descabellado y advirtió cómo dicha medida, de convertirse en ley, solo complicará aún más el acceso a las agencias, agravando la situación para aquellos ciudadanos que de por sí enfrentan alguna calamidad que los mueve, precisamente, a realizar la querella.
“El proyecto pudiera sonar muy loable en su exposición de motivos, que es bastante breve, por cierto, pero la realidad es que es como tratar del remedio es peor que la enfermedad. No hay duda de que en todos los foros se pudieran estar presentando querellas frívolas en el tribunal, esto es todos los días. Pero realmente determinar, hacer esa determinación de qué es algo frívolo y qué no, es algo bien subjetivo que, incluso, le da trabajo a los jueces determinar. Así que ¿cómo es posible que pongan ese filtro adicional a todos los filtros que ya hay“, indicó Pellicier Ortiz en Pega’os en la Mañana.
La abogada destacó que es el Departamento de Estado, junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), las que establecerán el monto a pagar por las querellas. También señaló la ironía respecto a los millones que costará establecer un andamiaje para proceder con los cobros.
“Que usted llegue al DACO y pueda pagar, eso requiere un sistema de cobro. ¿O lo van a cobrar electrónico? Pero entonces ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso al Internet? O sea, esto es extraordinario y, realmente, ya hay los mecanismos. Ya las agencias, al momento de ver la vista, hay mecanismos para determinar si una querella es frívola o no. Eso es como poner filtro a las demandas en el tribunal también, frívola o no. Tú no puedes hacer esa determinación desde el principio“, insistió la abogada a modo de ejemplo.
A pesar de que el representante, según la abogada, anticipó que habrá exclusiones en casos en torno a asuntos labores y de menores de edad o personas con diversidad funcional, la abogada indicó que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) ya evalúa la medida, y anticipó que enfrentarán amplia oposición al respecto.
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