El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez ordenó hoy la apertura de los accesos al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), como parte de los procedimientos judiciales relacionados con las manifestaciones que se desarrollan en el campus.
La determinación judicial reafirma la importancia de garantizar el acceso de estudiantes, profesores y empleados al recinto, así como la continuidad de las labores académicas y administrativas.
“El Tribunal reafirmó que es ilegal bloquear los portones y privar a miles de estudiantes de su derecho a continuar sus estudios y culminar su semestre académico. Tras la determinación, hacemos un llamado al estudiantado a que recapacite sobre el cierre de los portones y pueda cumplir con lo estipulado por el Tribunal”, indicó el doctor Miguel A. Muñoz Muñoz, rector interino del RUM.
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“Durante este periodo hemos sostenido diálogos con el Comité de Diálogo Multisectorial y con distintos sectores de nuestra comunidad universitaria, con el propósito de mantener abiertos los canales de comunicación y procurar entendimientos. Nuestro llamado continúa siendo a que las manifestaciones puedan realizarse sin impedir el acceso al recinto ni la continuidad de las labores universitarias”, agregó.
El Rector añadió que el objetivo institucional continúa siendo preservar un ambiente de respeto, seguridad y diálogo para toda la comunidad universitaria.
Ante fallo del Tribunal de Mayagüez que ordena la apertura de los portones, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) comentó: “Durante la tarde de hoy, los abogados del Recinto Universitario de Mayagüez y de la Administración Central presentaron nuevamente el caso ante el Tribunal, y el Honorable Juez reiteró que ningún grupo puede impedir el acceso de estudiantes, profesores y empleados a una institución pública. El Tribunal reafirmó que es ilegal bloquear los portones y privar a miles de estudiantes de su derecho a continuar sus estudios y culminar su semestre académico. La Universidad de Puerto Rico tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y garantizar la continuidad de las operaciones universitarias.”
