Secretaria de Corrección insiste que informe de UTICORP no identifica fallas por parte de Physician Correctional

La saliente secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar insistió en Pega’os en la Mañana que el informe de UTICORP no señaló suficiente evidencia para cancelar el contrato con Physician Correctional.

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“Esos informes no me llevan a mí a tomar la decisión de eliminar un contrato de servicios de salud a la población [correccional], que al momento en que se pueda eliminar ese contrato tiene que tener la garantía la población correccional de continuidad de servicios”, explicó. “Con los señalamientos hasta este momento, encontrados en ese único informe, porque todavía no tengo informe del Senado de Puerto Rico, con conclusiones y recomendaciones si alguna, pues no puedo tomar decisiones de cancelación de un contrato donde no se identifican las cláusulas del contrato donde hubo esas fallas”.

Sin embargo, la licenciada Janet Parra señaló que Escobar escogió a UTICORP porque no tienen funcionarios con conocimiento médico, y por ende no tendría que cancelar el contrato.

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“Ayer ella afirmó que quien hizo la auditoría de ese contrato son personas que no son médicos […] Y entonces tienes una persona que hace unas recomendaciones en derecho que tampoco tiene licencia de abogado”, destacó la exfiscal. “Ella contrata precisamente una compañía que hace una auditoría del contrato con unas personas que no tienen el expertise para hacerlo. Obviamente pues esa recomendación está hecha a la medida de lo que ella quiere, que era no rescindir el contrato”.

Igualmente, la senadora María de Lourdes Santiago catalogó las expresiones de Escobar de no cancelar el contrato sin el informe del Senado como “irresponsable”

“La información de primera mano, quien la tiene, es precisamente ella. Así que la excusa de que un tercero no rindió un informe me parece a mí que es una soberana irresponsabilidad y una manera de evadir, hacer lo que se tiene que hacer”, enfatizó la legisladora independentista. “Hay gente que tiene que ser despedida.  En la esfera administrativa me parece evidente que hay unas fallas mayúsculas por las que alguien tiene que responder, pero la primera es la secretaria, que escogió delegar a una funcionaria de tercer nivel la determinación de quién es excarcelado y quién no”.