El Tribunal de Apelaciones sostuvo este pasado lunes que la cabildera estadista Melinda Romero Donnelly debe pagar las multas impuestas por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
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Para el 2022, Romero Donnelly dijo que no entregaría sus informes financieros del 2021 a la OEG, lo cual conllevó inicialmente a una multa de 500 dólares, que nunca pagó. A principios del 2023, la delegada congresional sometió una moción de desestimación de la querella, opinando que la multa y el requisito de la entrega de los informes era inconstitucional.
“Basado en la evidencia que obra en el expediente administrativo, debemos sostener la violación impuesta a la Sra. Romero Donnelly y otorgar deferencia a la OEG en su determinación de imponer dicha sanción”, afirmó el panel del Apelativo. “La Sra. Romero Donnelly falló en demostrar que las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho contenidas en la resolución recurrida no estuvieran basadas en el expediente o fuesen irrazonables. […] En su consecuencia, acorde con la norma que establece que las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, no encontramos base jurídica racional para arribar a un resultado distinto al que llegó la OEG. Por ende, corresponde confirmar la resolución impugnada, que le impuso a la Sra. Romero Donnelly una multa de $5,000”.