Código de orden público de San Juan ata permisos a contrato para recogido de basura
El portavoz de la Asociación de Comerciantes de San Juan, Christian Vega, compartió el martes en RADIO ISLA que el nuevo código de orden público de San Juan son de permisos únicos a comerciantes atados a un contrato para recogido de basura.
“Como comerciantes obviamente nos preocupa lo que es el crecimiento empresarial. O sea, al no tener unos horarios establecidos, al no poder tener unas dependencias como lo puede ser también la basura que las están poniendo indirectamente como un requisito para poder sacar un permiso de uso… normalmente, cuando uno saca un permiso, el permiso en Puerto Rico tiene unas limitaciones que en otras partes y jurisdicciones, ya el Estado cuenta como más beneficios que aquí no contamos. Por darte un ejemplo, el 90% de los establecimientos no tiene acceso a estacionamientos. En Estados Unidos, muchos tienen acceso a estacionamientos porque están en centros comerciales, están en vías que tienen estacionamientos cercanos. En el caso de acá, nos encontramos con la situación que particularmente el permiso está atado con la basura. Es decir, tienes que tener un contrato con una compañía que haga recogido de basura para que te puedan dar un permiso. Actualmente, ese servicio lo brinda el municipio”, dijo el comerciante en este medio.
Además, añadió, según el documento no se puede protestar en las calles de la capital.
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Entre otras cosas, el documento divulgado por la administración de Miguel Romero propone el cierre de los comercios que venden y despachan bebidas alcohólicas al detal a las 12:00 de la medianoche, de lunes a jueves, y a la 1:00 a.m. los viernes y sábado. Mientras, los restaurantes que continúen en operaciones después de este horario tendrán que hacerlo sin vender bebidas alcohólicas. Ese horario no aplicaría a los establecimientos regulados por la Compañía de Turismo.
Los negocios como supermercados, gasolineras y farmacias podrían vender bebidas selladas, pero no podrían consumirse en los alrededores de los establecimientos.
Los violadores se expondrían a multas de $500 por primera infracción y $1,000 por subsiguientes, así como a la suspensión del permiso de operación.
