Critican proceso de aprobación de extensión de contrato suplementario a LUMA Energy
Luego de esta aprobación por mayoría en la junta de las APP, le corresponde votar el miércoles sobre el particular a la Junta de Gobierno de la AEE
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) Fermín Fontanés Gómez, dijo ayer martes que por mayoría de votos se aprobó la extensión del contrato suplementario a LUMA Energy de forma indefinida, hasta que culmine el proceso de quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“La acción propuesta fue presentada y aprobada por la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). El resultado fue una votación de tres votos a favor de la extensión del acuerdo suplementario, y la abstención de los dos miembros representantes del interés público. Como próximo paso, procede la presentación de la acción propuesta ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La determinación final será notificada por el Gobierno de Puerto Rico mañana miércoles, 30 de noviembre”, dijo Fontanés Gómez en declaraciones escritas.
Votaron a favor el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea y el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz.
Luego de esta aprobación por mayoría en la junta de las APP, le corresponde votar el miércoles sobre el particular a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La tercera entidad que tiene que dar su visto bueno es la junta de directores de LUMA Energy.
Por esta razón los representantes del interés público, Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos anticiparon que evalúan invalidar la votación en los tribunales.
Más tarde en el día de ayer, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que aprobó la extensión propuesta.
“El sistema energético de Puerto Rico tiene que cambiar”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel en declaraciones escritas.
“Puerto Rico necesita y merece una red y proveedores de electricidad modernos y fiables. El antiguo monopolio de la AEE condujo a un callejón sin salida. La transición definida en el Plan Fiscal se basa en la responsabilidad. El pueblo de Puerto Rico conserva la propiedad de la red y de las centrales eléctricas, y está facultado para exigirles rendición de cuentas a los operadores privados. Extender el Acuerdo Suplementario forma parte de ese importante proceso”, añadió.
La Junta revisó la extensión del Acuerdo Suplementario para asegurar su consistencia con el Plan Fiscal de la AEE, el cual define la transformación del sistema energético de Puerto Rico para proporcionar una energía más fiable, más asequible y más limpia. Las iniciativas clave incluyen mejorar la red y la generación de energía y la transición de ambos sistemas a operadores privados.
“La Junta está consciente del debate que rodea al Acuerdo O&M de LUMA. Los clientes tienen derecho a exigir mejoras a su proveedor de servicios eléctricos. Sin embargo, décadas de inversión insuficiente, mantenimiento diferido y falta de planificación a largo plazo por parte de la AEE han dado lugar a uno de los sistemas energéticos de peor rendimiento y menos fiables de los Estados Unidos, con clientes que experimentan ocho veces más apagones que los clientes de la media de las empresas de servicios públicos estadounidenses, y dichos apagones duran 10 veces más que aquellos experimentados por los clientes de la media de las empresas de servicios públicos estadounidenses. No se puede esperar razonablemente que estas deficiencias fundamentales se corrijan por completo en solo 18 meses de funcionamiento”, señaló Skeel.
REACCIONES VARIADAS A LA EXTENSIÓN
El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago, acusó al gobernador Pedro Pierluisi de darle la espalda al país “al otorgarle, de forma atropellada y abusiva, una extensión al contrato de la empresa LUMA para la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica”.
“Que sepa el pueblo de Puerto Rico que todos los apagones, todos los aumentos de tarifas y todos los despidos y desplazamientos de trabajadores tienen nombre y apellido: Pedro Pierluisi. La extensión del contrato es un cheque en blanco para que LUMA le meta la mano en el bolsillo al pueblo; y, además, continúe la actitud insensible a las necesidades de la gente”, recalcó el líder popular.
Dalmau Santiago, afirmó que la extensión del contrato de LUMA ignoró las disposiciones de la Ley 120 del 2018 que exige un voto unánime de todos los miembros de la Junta de la Autoridad de las Alianzas Públicas, que incluye a los dos representantes del interés público.
LUMA asumió el control operacional interino de la red de la AEE en junio de 2020, antes de la fecha de inicio del servicio definido en el Acuerdo O&M. El comienzo del término completo de 15 años del Acuerdo de O&M depende de la conclusión de los procedimientos de quiebra de la AEE bajo el Título III de PROMESA. El Acuerdo O&M y el Acuerdo Suplementario expirará el 30 de noviembre de 2022, a menos que se extiendan.
Una revisión objetiva del rendimiento de LUMA durante sus primeros 18 meses apoya la conclusión de que la extensión del Acuerdo Suplementario es consistente con el Plan Fiscal de la AEE y proporciona a los residentes y empresas de Puerto Rico la mejor oportunidad de obtener un sistema energético fiable, moderno y asequible.
“Lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP. Específicamente, la Sección 10 (b) de la Ley 120-2018 establece que se ‘deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE” , expresó el Presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández en declaraciones escritas.
Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos insistieron que el proceso fue contrario a derecho. Criticaron además la aprobación que le dio la Junta de Control Fiscal sin todavía culminar los procesos.
“Nosotros propusimos que se enmendara esa aprobación y que en vez de buscar aprobación a través de la Ley 29, que la misma fuera a través de la Ley 120. Dicha propuesta no fue aceptada por los tres miembros del gobierno y fue derrotada. Luego de eso, ellos proceden entonces a la votación bajo la ley 29 y como se procede a votar a través de la Ley 29, hicimos constar que nos absteníamos de votar en ese momento, porque entendíamos que dicha votación era contraria a derecho, ya que se estaba haciendo a través de la ley 29 y no a través de la Ley 120. Y, por lo tanto, no podíamos validar una votación contraria a derecho”, sostuvo Ortiz Camacho.
Tanto Ferrer Ríos como Ortiz Camacho denunciaron que además de entender que la votación fue contraria a derecho, hubo “mala fe” de parte de los integrantes del gobierno de la junta, porque solamente le dieron 48 horas para evaluar los documentos antes de la votación para extender el contrato suplementario.
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