Por Cristina del Mar Quiles y Rafael Díaz Torres
“Pero usted no se ve grave. ¿Usted caminó hasta acá o lo trajeron?”
“Esa tos suya no es una tos seca, como la del virus. Es una tos mojada como la de la gripe”.
Carlos Del Valle, un hombre de 65 años de edad, denunció el pasado 19 de marzo que un doctor del Centro Médico en Río Piedras se negó a hacerle la prueba de COVID-19, a pesar de contar con un referido de su médico, quien le confirmó que podía ser un caso de riesgo por presentar los síntomas y haber estado expuesto a personas infectadas con el virus.
“Soy mayor de edad, tengo diabetes y me siento débil”, le explicó el hombre al médico, quien no encontró esas características como suficientes para autorizar la prueba administrada por el Departamento de Salud.
Del Valle no es el único que ha pasado por esta experiencia. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tiene conocimiento de al menos nueve casos en los que el Gobierno se negó a hacer la prueba de COVID-19 la pasada semana.
La sobrina de Luz Otero se encuentra bajo cuidado intensivo tras haber sido internada por coronavirus el viernes pasado. Tiene 30 años y trabaja en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Comenzó a tener fiebre el domingo, 15 de marzo, por lo que no pudo completar su turno de trabajo en una tienda del aeropuerto. El lunes, cuando ya estaba en efecto la orden de distanciamiento social y toque de queda firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, su condición empeoró. Muchos doctores tenían sus consultorios cerrados, por lo que Otero optó por consultar con un médico, amigo de la familia, que le recetó las pruebas de micoplasma e influenza sabiendo que hacerse la prueba de coronavirus sin tener esas primero sería difícil. Los resultados estuvieron listos el martes y fueron ambos negativos.
Le hicieron análisis de orina y placa de pecho, que tampoco ofrecieron información para un diagnóstico. La mujer continuó debilitándose en el transcurso de la semana y el médico hizo finalmente la orden para la prueba de COVID-19, que se le realizó el viernes, 20 de marzo en unas carpas habilitadas para este propósito en las instalaciones de Centro Médico. Allí, contó Luz, tuvo que esperar más de tres horas, con el sol encima, para que personal médico le tomara la muestra a su sobrina, a pesar de que no había muchas más personas esperando. La joven fue hospitalizada ese mismo día y recibió tratamiento para pulmonía hasta que el domingo llegó la confirmación de que estaba contagiada con COVID-19, una semana después de que presentó los primeros síntomas.
“No hubiese llegado a la condición en que está si el mismo martes, una vez da negativo a influenza, micoplasma y al CBC, vamos a la carpa de Centro Médico y le hacen la prueba de COVID-19. Yo estoy segura que no hubiésemos llegado a este punto”, apuntó Otero frustrada.
“Mi sobrina es una muchacha saludable. Tiene 30 años”, narró frustrada.
Contó que una compañera de trabajo de su sobrina que presentó síntomas más tarde en la semana, sí pudo acceder a la prueba en menos tiempo, y también arrojó positivo. Se encuentra recuperándose en su casa.
El factor tiempo, consideró Otero, es determinante.
Por su parte, Chris Cortés narró al CPI que no fue hasta una segunda visita al hospital San Francisco en Río Piedras que a su abuelo de 80 años le autorizaron la prueba de COVID-19. Una semana antes, el sábado 14, el hombre había llegado en ambulancia a la misma institución con síntomas de fiebre y debilidad; había obtenido resultados negativos a las pruebas de micoplasma e influenza. En ese momento, ningún personal médico sugirió que se le hiciera la prueba de COVID-19. Lo dieron de alta ese mismo sábado 14.
Tras su regreso al hospital una semana después, finalmente declararon al hombre como un caso sospechoso de COVID-19 y le hicieron la prueba el lunes 23. Dos días más tarde, arrojó positivo.
Ante experiencias como estas, varios municipios han tomado la iniciativa de administrar o comprar sus propias pruebas sin depender de la coordinación con el Departamento de Salud.
Municipios activan sus iniciativas
Ya son 13 los municipios han anunciado la administración de la prueba del COVID-19 en laboratorios e instituciones hospitalarias con las cuales llegaron a acuerdos para atender la demanda de sus residentes. Sin embargo, el proceso de hacerse la prueba carece de uniformidad debido a que cada municipio tiene criterios distintos para establecer qué personas podrán recibir este servicio y cómo se administrará el mismo.
Los municipios que ya proveen el servicio de pruebas son San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce, Mayagüez, Manatí, Fajardo, Naguabo, Canóvanas, Añasco, Cataño y Humacao. Además, Isabela, Hatillo, Quebradillas y Rincón actualmente negocian con laboratorios privados para la compra de pruebas.
San Juan y Canóvanas comenzaron a hacer las pruebas en la tercera semana de marzo. Hasta este lunes, San Juan había hecho 501 y Canóvanas 20 pruebas, y tenían resultado para uno y dos positivos, respectivamente. El resto de los municipios comenzaron a hacer los diagnósticos apenas hace unos días, por lo cual todavía aguardan por los resultados.
Mientras unos municipios requieren la visita a un médico que atienda presencialmente al paciente, en otros ayuntamientos la evaluación telefónica es suficiente para autorizar la administración de la prueba. Algunos municipios como Bayamón, están costeando la prueba solo a empleados municipales, y otros, a la ciudadanía en general. En unos casos, se han establecido servi-carros para hacerse la prueba, y en otros, el CDT o los centros de servicios de salud de administración municipal intervienen en el proceso. Además, municipios como Carolina han delegado todo el proceso en una institución privada. En esta ciudad, el Hospital San Fernando opera como una alianza público-privada entre el gobierno local de Carolina y la corporación Doctor’s Center.
La falta de uniformidad entre los municipios que gestionan la prueba de COVID-19 pone de manifiesto la ausencia de un protocolo o guía nacional coordinada desde el Departamento de Salud y plantea la pregunta de si se está dando una recopilación uniforme de los datos de las personas a las que se les hace la prueba.
Municipios como Naguabo y Fajardo confirmaron al CPI que no dependen de la aprobación o directrices de Salud. “Se consulta con la Epidemióloga del Estado, pero se hace sin permiso del Estado. Se le da conocimiento, pero no se espera por el Estado”, dijo al CPI el alcalde de Naguabo, Noé Marcano.
El primer mandatario naguabeño explicó que su decisión de no querer coordinar con Salud fue influenciada por una experiencia en la cual la agencia del Gobierno central tardó en responderle al municipio una solicitud de hacerle la prueba a una paciente con los síntomas asociados al COVID-19.
En el caso de Fajardo, la gestión con Salud se limita a informar, ya que la coordinación se hace con el hospital privado Caribbean Medical Center, según informó la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Desastres al CPI.
En Añasco, las pruebas son realizadas por el Laboratorio Castillo, luego de obtenerse el referido que un médico privado de cabecera le hace al residente de ese municipio con los síntomas asociados al COVID-19. Ese mismo médico – y no el Gobierno municipal – será quien se comunicará con el Departamento de Salud, según informó al CPI la Comisionada de la Policía Municipal de Añasco, Lizbeth Cruz. En ese contexto, el rol del municipio será pagar por la prueba que se le realice en el laboratorio privado al residente de Añasco.
En Añasco, la comunicación con Salud no se realiza a través del Gobierno municipal. Según informó la Comisionado de la Policía Municipal, la oficial Lizbeth Cruz, al CPI, es el médico privado de cabecera que autoriza la prueba de COVID-19, la persona encargada de comunicarse con el Departamento de Salud para informar sobre el referido hecho a un paciente.
La mayoría de los funcionarios municipales que conversaron con el CPI informaron que aquellos pacientes con síntomas reciben primero las pruebas de micoplasma e influenza. De salir negativos en estas pruebas, se procede a hacer la autorización para administrar la de COVID-19. En otros municipios, la manifestación de síntomas medianos y severos es razón suficiente para que un médico autorice la administración de la prueba de COVID-19.
Pero esto puede presentar un problema.
“A veces el micoplasma positivo no impide que tenga coronavirus. Por eso, es importante la evaluación clínica”, explicó al CPI, el Dr. Carlos Mellado, quien trabaja en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Canóvanas, que es uno de los municipios que administra las pruebas de COVID-19 a sus residentes.
“Salí positivo al micoplasma. Entonces no me quisieron hacer la prueba del COVID. Pedí copia de mis resultados porque de mis laboratorios del CDC, mi internista los quería ver y es con esas pruebas que yo le envío a mi internista y mi internista me dice que necesito que sigas insistiendo en la prueba porque tú tienes algo viral”, denunció una mujer de 31 años a Telemundo de Puerto Rico, luego de que el Centro Médico le negara la prueba de COVID-19 por haber dado positivo a micoplasma. Días después, finalmente le hicieron la prueba y arrojó positivo a coronavirus.
Otro de los criterios utilizados por los municipios para decidir a qué personas se les administra las pruebas es la manifestación evidente de aquellos síntomas asociados al virus.
“Los recursos deben usarse para quien tiene síntomas, desde medianos, hasta agudos. No queremos que gente con síntomas leves le quiten a alguien con síntomas más severos”, expresó, por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, en entrevista con el CPI. El municipio informó que a la fecha ha realizado 501 pruebas y de estas, 1 ha dado positivo y 485 están en espera de resultados. También indicó que proyectan hacer unas 25 por día.
San Juan fue el primer municipio en anunciar la administración de pruebas de COVID-19. Los residentes de la capital pueden recibir el servicio a través de un sistema de servi-carro ubicado frente al CDT de Río Piedras, siempre y cuando reciban el cernimiento médico previamente.
El criterio de solo administrar la prueba a personas con síntomas severos presenta la interrogante sobre cómo manejar los casos de personas asintomáticas, que, según expertos, representan la mayoría y son el principal foco de contagio.
