Angélica Serrano Román | Centro de Periodismo Investigativo
Reinalice Carrero Guerra, una joven de 23 años con Síndrome Down, es una de las miles de estudiantes de Educación Especial que nunca recibió una evaluación vocacional y de carrera del Departamento de Educación, a pesar de que la ley exige desde hace 13 años que se le haga esta prueba.
Tampoco recibió ayuda de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que se supone que encamine a los ciudadanos con diversidad funcional en la fuerza laboral. Su madre Alice Guerra relató que solicitó sin éxito los servicios luego de que su hija se graduara de escuela superior a los 18 años.
“Le hicieron 1,500 entrevistas. La persona a la que le correspondía el caso, nunca estaba, y me redirigían con otra que estuviese disponible. Dejaron de llamarme y escribirme. Supuestamente la adiestrarían [a la joven] para que trabajara en una góndola en un supermercado, pero eso nunca pasó”, expresó Guerra.
A Juliana Ortiz Pérez, diagnosticada con autismo, Educación tampoco le ofreció la prueba. Su madre, Joana Pérez Coderi, relató que no fue hasta los 20 años que inició un trámite con Rehabilitación Vocacional para el empleo y la vida independiente.
Luis Alonso Quesada, quien tiene sordoceguera parcial y nació con problemas cardíacos y de movilidad, tomó la evaluación vocacional de Educación a los 16 años. Sin embargo, su madre, Mónica Quesada, opinó que no tuvo ningún resultado, y la agencia los obligó a ir a las citas de Rehabilitación Vocacional. En una ocasión les tocó esperar horas para ser atendidos, y el especialista les despachó en cinco minutos. “Me atendieron en ‘un dos, tres, pescao’”.
La Ley 263 de 2006, del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, establece que los estudiantes con diversidad funcional deben recibir una evaluación vocacional preliminar al cumplir los 12 años, evaluación que debe ser completada antes de los 15 años.
Esta prueba busca identificar y proyectar el funcionamiento de una persona con diversidad funcional en las áreas de vocación y empleo. Algunos estudiantes son del sistema público referidos o solicitan los servicios de Rehabilitación Vocacional para recibir evaluaciones, terapias o asistencia adicional que les ayude a entrar a la fuerza laboral.
La evaluación, según dispone la Ley, es “un derecho para los estudiantes con impedimentos en proceso de transición que reciben servicios de educación especial bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico, garantizándoles su desarrollo pleno e integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades”.
“Para nada me sirvió [la prueba]. Ni para Rehabilitación Vocacional. No [hubo] empleo, espejuelos, ninguna asistencia. Luilli no recibió nada. El empleo que tuvo fue porque nosotros le conseguimos el empleo en una farmacia”, manifestó Quesada.
El secretario asociado de Educación Especial en el DE, Eliezer Ramos Parés, alegó que la Ley 263 – aprobada hace 13 años – es reciente, y que la agencia está en la búsqueda de recursos adiestrados para administrar la Evaluación Vocacional y de Carrera.
“Te reconozco que el proyecto, en cuanto a la implantación, está en pañales”, admitió Ramos Parés en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.
El estatuto 263 también indica en la exposición de motivos, que los consejeros escolares adiestrados en Evaluación Vocacional son los mejor capacitados para ofrecer las pruebas, pero también permite que se contraten especialistas en Evaluación Vocacional externos.
“Se están haciendo intentos de contratar estos servicios en el sector privado, de manera inmediata en miras de establecer planes de trabajo y readiestrar personal. Es un tema que requiere muchas horas de adiestramiento, horas fuera del adiestramiento y una inversión millonaria del Departamento”, dijo el funcionario.
“¿Por qué no se presupuestó una partida específicamente para ofrecer las evaluaciones vocacionales y de carrera?”, preguntó el CPI.
“Esto cae entre dos partidas: servicios directos para estudiantes o transición. Una vez se recibiera [alguna] propuesta viable para los servicios, se hacía el análisis y se separaban los fondos”, respondió Ramos Parés sin atender la pregunta directa mediante declaraciones escritas luego de casi dos meses de solicitada la información.
La agencia alegó que ha intentado reclutar especialistas y evaluadores vocacionales para administrar las pruebas. Sin embargo, el CPI confirmó que ninguna empresa o individuo presentó una propuesta a estos fines.
“La situación con el Departamento [de Educación] es que ellos han estado enfocando sus esfuerzos en trabajar el tema del presupuesto y al enfocarse en eso, hay servicios que no se están dando o están pasando a un segundo plano”, denunció la licenciada Adamaris Feliciano, del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial.
Dentro de las cosas que han pasado a un segundo plano está la contratación de especialistas y recursos. “Como no hay fondos para pagarles a los que están en estos momentos, ellos no están contratando. Eso nos han dicho [en Educación]”, agregó.
Al ser abordado sobre el rendimiento de los estudiantes que toman estas pruebas, Ramos Parés dijo que lo desconoce. Indicó que el DE no tiene el dato porque el programa no se monitorea. La agencia tampoco tiene estadísticas que recojan los resultados de las evaluaciones vocacionales y de carrera, o el rendimiento de los estudiantes que las toman.
“Hay unos pocos consejeros que tienen el conocimiento para brindar la prueba. No es que no se dan, pero yo no los tengo registrados en el sistema porque hay un montón de otras evaluaciones con la transición de los estudiantes [a actividades post-secundarias]”, dijo el funcionario. “Yo quisiera decirte que tengo todos los recursos para atender toda la población, los 59,000 estudiantes que son elegibles para esta evaluación, pero el Departamento no tiene los recursos para atender[los]”, dijo.
La doctora Rosa Lugo, que trabajó en la redacción de la Ley del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, y es directora del Centro de Evaluación y Ajuste de Rehabilitación Vocacional, indicó que son pocos los estudiantes a quienes se les administra esta prueba.
“La mayoría, más del 90% de los estudiantes de [Educación Especial] llegan a Rehabilitación Vocacional sin la prueba de evaluación vocacional [de Educación]”, afirmó la especialista.
Sobre la falta de datos acerca del rendimiento de los estudiantes, Ramos Parés respondió “si tú me preguntas cuántas terapias del habla se dan en las escuelas, ese número yo te lo puedo dar, porque obviamente el sistema estuvo enfocado en atender unas deficiencias y una necesidad relacionadas con estas terapias. Pues ahora llegó el momento de atender el problema de evaluación vocacional y de carrera”, aseguró.
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