El fiscal federal, W. Stephen Muldrow, anunció el martes que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de seis cargos en la que se acusaba a 25 personas de supuesta conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, de complicidad en la posesión y distribución de sustancias controladas.
“Esta acusación y los arrestos de esta mañana demuestran nuestra determinación continua de combatir el tráfico de drogas”, dijo Muldrow, en conferencia de prensa.
“Estamos comprometidos a desmantelar y eliminar la amenaza que representan estas organizaciones criminales que inundan nuestras comunidades con narcóticos peligrosos y violencia”, añadió.
“Este caso ejemplifica que los involucrados en la distribución de narcóticos y otro contrabando serán investigados y procesados enérgicamente”, dijo Iván Arvelo, agente especial a cargo de HSI San Juan. “HSI agradece a nuestros socios encargados de hacer cumplir la leyes locales, estatales y federales por su importante cooperación para desmantelar esta organización de tráfico de drogas”.
La acusación alega que desde el año 2016, o alrededor de esa fecha, hasta la fecha de la devolución de la acusación, la organización narcotraficante distribuyó base de cocaína (comúnmente conocida como “crack”), heroína, cocaína y marihuana, a menos de 1,000 pies del proyecto de vivienda pública Franklin D. Roosevelt (PHP) y otras áreas en el municipio de Mayagüez, todo con fines de lucro y beneficio económico.
Como parte de la conspiración, los integrantes de la banda de narcotraficantes establecieron puntos de droga que se movían dentro de diferentes áreas dentro del proyecto de vivienda pública para evitar ser detectados por la policía. Algunos co-conspiradores recolectaron las ganancias de las ventas del narcotráfico y viajaron dentro del municipio de Mayagüez y otras áreas cercanas para entregar las ganancias a los líderes de la organización. Los imputados tuvieron acceso a diferentes vehículos para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego.
En diferentes momentos durante la conspiración, los líderes proporcionaron a los miembros de la organización diferentes tipos de armas de fuego para protegerse a sí mismos, los narcóticos y sus ganancias. Los líderes tenían la autoridad de aprobación final en cuanto a la acción disciplinaria que se impondría a los residentes del residencial Franklin D. Roosevelt y los miembros de la conspiración para mantener el control de las actividades de tráfico de drogas en el área. Los co-conspiradores de la pandilla usaron la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las áreas en las que operaban. Nueve acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas.
Los acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de la conspiración.
Las personas imputadas son:
Luis S. Rivera-Ruiz, a / k / a “Pantera”
Miguel Ángel Santiago-Jiménez, a / k / a “Miguelito”
Kifran A. Casiano-Alayon
Jeffrey E. González-Vargas
Joseph Vélez-Mondessi, a / k / a “El Negro / Joe”
Jordany Ayala-Vega
Francheska Valle-Díaz, a / k / a “Cheska”
Eduardo Rodríguez-Rodríguez, a / k / a “Edward”
Chayanne Torres-Hernández
Dianne Rivera-Rosas
William F. Vélez-Borrero, a / k / a “El Negro”
Emmanuel Alemar-Rosas
José A. Rivera-Soto, a / k / a / “Che”
Nelson Rosario-Sánchez, a / k / a “El Menor / Nelsito”
Roy Alexander Santiago-Vélez
Isa Denisse Vélez-Cruz
Keishla Marie Colón, a / k / a “Kei”
Erickson Lugo-Méndez, a / k / a “Tripi”
Kevin O. Montalvo-Ruiz, a / k / a “Keva”
Kevin J. Rodríguez-Cruz
Miguel Alfredo Ruiz-Rodríguez
Yadiel Joebell Iglesias-Izquierdo
Athdiel Aponte-Pérez, a / k / a “Bebe”
Carlos G. Arce-Santiago
Isben Jaret Rivera-Cardoza
El fiscal federal auxiliar, Pedro Casablanca, y la fiscal federal auxiliar especial, Yanira Colón-García, del Departamento de Justicia de Puerto Rico están a cargo del procesamiento del caso. La Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos colaboraron durante los arrestos.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Si son declarados culpables de los cargos de drogas y armas de fuego, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 15 años y hasta cadena perpetua.
