El senador Héctor J. Martínez Maldonado se alineó con los jubilados del gobierno de Puerto Rico, especialmente con los reclamos de los policías retirados, que rechazan un recorte de las pensiones que alcanza el 8.5%, y que los llevaría a la indigencia.
Martínez dijo que insistir en golpear el bolsillo de los jubilados con un recorte a sus pensiones, es el peor castigo que puede generar la Junta de Control Fiscal (JCF) a unos servidores públicos que pagaron lo que les correspondía para tener derecho a las mismas, y no han tenido culpa alguna en el descalabro fiscal que vive el país.
Por ello, reclamó la intervención personal de la gobernadora Wanda Vázquez para que rectifique su conformismo con los dictámenes de la Junta, que en este renglón, “son una afrenta, un insulto y un descarado castigo contra los que han construido a Puerto Rico”.
Insistió Martínez que la Junta está desenfocada en su análisis de cómo corregir el rumbo de las finanzas de la Isla, poniendo a las clases más vulnerables a llevar el peso de una reestructuración fiscal, cuando han sido precisamente ellos, los que han cumplido cabalmente con sus obligaciones monetarias con el fisco.
Indicó el legislador que existen otras jurisdicciones que han enfrentado un proceso de quiebra y reestructuración fiscal, donde los jubilados disfrutando de sus pensiones, no han sido incluidos en las medidas de economía fiscal para dar paso a un plan de quiebras.
Más aún, Martínez señaló que es una afrenta de todo gobierno responsable, abandonar a su suerte a los policías que han enfrentado el rigor criminal arriesgando sus vidas para defender el derecho colectivo a la paz y seguridad.
“Si esto prevalece, yo no puedo mirar a la cara a los policías sacrificados que, con un exiguo salario y pobres condiciones de trabajo, han enfrentado el poderoso narcotráfico y el crimen organizado para ahora vivir en la pobreza y el abandono”, comentó.
Martínez no comparte en absoluto los acuerdos del Comité Oficial de Jubilados creado por el Tribunal de Quiebras para negociar los recortes. Manifestó que dentro de ese comité existen una serie de personajes que defienden realmente los intereses de los bonistas y no los de los jubilados.
“La injusticia es evidente. Todavía hay espacio para actuar. Ya que la Legislatura aprobó una resolución sosteniendo que jamás legislarían recortes a las pensiones, corresponde a la Gobernadora llevar la voz cantante para detener este atropello”, acotó.
