Imposible fiscalizar los contratos de recuperación otorgados por el Gobierno de Puerto Rico

Seguirle el tracto a los fondos federales de recuperación que están siendo otorgados por el Gobierno de Puerto Rico es una misión imposible. No existe un lugar centralizado con todos los contratos, y aunque hay algunos dispersos en las páginas de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la del Departamento de la Vivienda o la de la Junta de Control Fiscal, hay otros que no aparecen registrados o no están identificados como fondos de recuperación.

Por ejemplo, en la página de COR3 solo aparecen cuatro contratos que la oficina otorgó en el 2018. En esta página, de la agencia que se supone que centraliza el manejo de estos fondos, no hay información o documentos que demuestren contrataciones que otras agencias del Gobierno o municipios hayan realizado con fondos de recuperación. Esa especificidad sobre cuáles contratos están relacionados a fondos de recuperación tampoco se obtiene revisando el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, donde igualmente faltan las enmiendas a los contratos.

A pesar de estas limitaciones, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) realizó, con la información disponible, una revisión de los principales 20 contratos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico con fondos de recuperación.

Dos empresas contratadas para la construcción del controvertido muro que el presidente Donald Trump autorizó para la frontera sur de los Estados Unidos encabezan la lista de las compañías.

No se investiga el historial

 Al tope de la lista de esas primeras 20 empresas se encuentra ICF Incorporated, LLC. Esta corporación, con sede en Virginia, tiene una cantidad obligada de $363 millones, producto de dos contratos. El primero fue otorgado por COR3 por el monto original de $188 millones, aunque en mayo de 2019 se enmendó para aumentarlo a $338 millones. La enmienda fue aprobada por la Junta de Control Fiscal (JCF), ente que desde el 2016 controla las finanzas de Puerto Rico por virtud de la ley federal PROMESA aprobada durante la presidencia de Barack Obama.

Un segundo contrato de ICF se aprobó en julio de 2019, luego de que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico seleccionó a esta empresa como una de las cuatro que serían gerentes de proyecto para el manejo de las solicitudes de reconstrucción, reparación y relocalización con fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). El contrato por $25 millones, sumado al contrato otorgado a ICF por COR3, totalizan los $338 millones asignados.

En julio de 2008, la Autoridad de Recuperación de Luisiana multó a ICF por más de un millón de dólares, luego de que la empresa falló en cumplir con las métricas del programa Road Home. Para dirigir los procesos de reconstrucción y recuperación tras los huracanes Katrina y Rita, ICF obtuvo un contrato por $756 millones, el cual, al igual que en Puerto Rico, fue luego enmendado para aumentar la cantidad, y la empresa obtuvo $900 millones en ese estado.

En Luisiana, ICF fue multada por su incapacidad de cerrar 116,000 casos relacionados a reclamos del programa Road Home. La compañía también fue penalizada por no poder demostrar que cumplió con las métricas de desempeño acordadas. A los reclamos del gobierno de aquel estado se sumaron investigaciones de prensa que señalaron a ICF por arrastrar los pies al momento de emitir los pagos a los propietarios de hogares afectados por los huracanes Katrina y Rita.

Algunas de las responsabilidades de ICF en Road Home fueron similares a las que la empresa tendrá como gerente de programa en Puerto Rico.

Una investigación del CPI reveló que el excoordinador federal para la Recuperación de desastres para Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Michael F. Byrne, fue vicepresidente sénior de ICF Incorporated entre el 2006 y 2010. En mayo, Byrne pasó de FEMA a Delloitte & Touche LLC, una de las empresas favorecidas con contratos por el Gobierno de Puerto Rico.

En declaraciones enviadas al CPI, el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, dijo desconocer sobre el récord de ICF en Luisiana con el programa Road Home. Añadió que en la selección de licitadores se utilizan dos fuentes para validar la capacidad de la entidad o persona a ser contratada.

“Una de las fuentes es el Limited Denial Participation List, publicada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). La otra fuente es el System for Award Management (SAM), que es un recurso del Gobierno federal y que administra la Administración de Servicios Generales federal”, explicó Gil Enseñat, al asegurar que se cumplieron con las leyes estatales y federales en el proceso de selección de ICF.

A pesar de la defensa hecha por el titular de Vivienda a la utilización de SAM como fuente de validación, una investigación del CPI reveló que la clasificación de buena reputación o good standing otorgado por este portal federal no siempre toma en consideración los señalamientos o malas prácticas en las que la empresa haya incurrido en el pasado.

El CPI cotejó que de las 20 empresas principales favorecidas por el Gobierno, dos no aparecen en el portal de SAM, de modo que el DV no pudo haberles verificado el trasfondo. Estas dos empresas son 4 Contractors JV y Link Active, LLC..

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