La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko desfavoreció el martes el anuncio del gobernador Ricardo Rosselló referente a una resolución que asignaría 1,400 millones de dólares para reponer las contribuciones que hicieron los empleados al fondo de pensiones Sistema 2000.
“Le damos la bienvenida a las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló en cuanto a que el manejo inapropiado de las aportaciones que hicieron empleados gubernamentales al fondo de Sistema 2000 tiene que corregirse”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.
“Desafortunadamente, en vez de apoyar el acuerdo entre la Junta y Servidores Públicos Unidos/AFSCME -que incluye reponer 1.4 millones de dólares en contribuciones de los empleados al Sistema 2000 como parte del plan de ajuste del gobierno-, luego de más dos años de su mandato, el gobernador ha optado por atender estas reclamaciones de forma aislada y fuera del Título III”, añadió.
Señaló que la deuda de Puerto Rico, tanto la de obligaciones de pensiones sin financiamiento y la deuda a los bonistas, debe ser reestructurada y resuelta de forma integrada como parte del plan de ajuste bajo el Título III.
“El Tribunal provee la mejor y única oportunidad para proteger a los retirados actuales y futuros, luego de las prácticas irresponsables de pasadas administraciones con respecto al tema de pensiones”, concluyó.
Rosselló Nevares, anunció el martes que se presentó una resolución conjunta con la cual se busca separar 1,400 millones de dólares del Tesoro Estatal para restituir las aportaciones individuales que realizaron los servidores públicos al Programa de Cuentas de Ahorro, mejor conocido como “Reforma 2000” y el Programa Híbrido de Contribución Definida entre los años 2000 y 2017.
Según explicó Rosselló Nevares, durante ese periodo se le requería a los empleados públicos participantes contribuir el 8.275 por ciento y 10 por ciento de su retribución a estos programas, fondos que estarían disponibles para estos al momento de acogerse al retiro.
“Este dinero era retenido del salario de los empleados y enviado al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico para su segregación en cuentas individuales y eventual inversión para obtener un rendimiento. Debido a malas prácticas fiscales, ese proceso no se llevó a cabo adecuadamente y esos fondos fueron utilizados para cubrir otras obligaciones del Sistema de Retiro,” expresó el primer mandatario.
La aprobación de la Ley 106-2017, logró que la actual administración garantizara en un 100% el pago de las pensiones de nuestros retirados, incluyendo los fondos que los servidores públicos aportaron a los programas antes mencionado entre el 2000 y el 2017. Ese dinero es incluido todos los años en el presupuesto de gastos de las entidades gubernamentales.
No obstante, como parte del proceso de reestructuración del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, se determinó apropiado segregar en estos momentos dados los fondos necesarios para restituir las aportaciones realizadas por este grupo de empleados. Según se informó, los fondos serían transferidos a una cuenta en fideicomiso, con usos restrictos, para eventualmente ser segregados individualmente conforme a lo que aportó cada servidor público.
“Con esta medida le hacemos justicia a los servidores públicos que contribuyeron parte de su salario a estos dos programas de retiro y que debido a prácticas irresponsables, nunca vieron esos fondos segregados e invertidos” añadió el ejecutivo.
En la comunicación del mandatario aseguró que esta propuesta había sido avalada por el organismo creado por PROMESA, por lo que la misma es compatible con la agenda fiscal vigente.
