El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez explicó el jueves que debido al caso de Título Tres de la Ley Promesa sobre la quiebra de la AEE que data de hace cinco años, la jueza federal Laura Taylor Swain emitió una Orden donde se establece el mecanismo y la obligación para que los asesores rindan sus facturas.
Esta establece cómo se van a rendir las compensaciones por servicio y reembolso de gastos a los profesionales y asesores designados a representar la corporación en el caso y el término que tiene el deudor para pagarla.
“Alix Partners International, compañía representada por Lisa Donahue, O’Melveny & Myers, Filsinger Energy Partners, Ankura Consulting Group, y demás asesores que nos representan y son presentados como nuestros abogados, equipo financiero experto en reestructuraciones, y todos estos servicios requeridos por el proceso de quiebra bajo Título III, están avalados por el tribunal de quiebras y la Junta de Control Fiscal (JCF). Los mismos, junto con los reembolsos a nuestros asesores están presupuestados y aprobados por la JSF. Esto debe reducirse sustancialmente una vez salgamos de la quiebra. En adición a esto, se tienen que cubrir los asesores de la JSF”, sostuvo Ortiz Vázquez en comunicación escrita.
Según reza en la Orden del caso 17-03283-LTS, página 3(a), esta Orden aplica a los profesionales de restructuración que desempeñan servicios legales, financieros y operacionales para los deudores cubiertos por el Título III de la Ley Promesa.
3(a)–“Notwithstanding anything to the contrary in this Order, This Order shall not aply to work of professionals that (a) was customarily required outside of the Title III Cases, excluding restructuring professionals who are performing legal, or operational services for Title III Debtor, but including, for the avoidance of doubt, professionals performing services relatad to the preparation of audited financial statements or…”
La AEE asegura el control de gastos correspondientes a los servicios de asesoría especializada relacionada a la restructuración, con el fin de abaratar costos y asegurar la implementación adecuada de los trabajos, según PROMESA y las demás regulaciones ante el proceso de quiebra, recalcó el funcionario.
Mencionó que, contrario a lo señalado en el reportaje del Centro de Periodismo Investigativo, sentenció que “nunca expresé que gastos y estadías de tres meses en hoteles de lujo, son razonables”.
Destacó que el contrato de 2018 permitía un tope de 300 dólares para gastos de hotel, y un 8 por ciento para gastos rembolsables. Mediante una renegociación, Ortiz Vázquez recortó a un tope de 250 dólares los gastos de hotel, y a un 6 por ciento los gastos rembolsables.
“Estos gastos están siendo constantemente revisados y controlados para asegurar control de costos y eficiencia del servicio”, mencionó.
“Por ejemplo, desde que inició el contrato de Filsinger Energy, en 2017, la cuantía contratada ascendía a 24 millones de dólares. Este contrato se redujo a 7.4 millones de dólares para este año fiscal. En la actualidad, sus roles y responsabilidades están claramente definidos asegurando transición de conocimientos y cumplimiento de los trabajos asignados para este año fiscal. Este proceso de reducción de contratos será uno paulatino que deberá finalizar según se logre sacar de la quiebra a la AEE”, concluyó.
