Luego de que el representante Héctor Ferrer radicara legislación para crear una oficina y código anticorrupción, el secretario del Departamento de Justicia (DJPR), Domingo Emanuelli Hernández, criticó la intención de eliminar la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y propuso, en cambio, que se legisle para permitir grabaciones de persona a persona en casos de corrupción y de alto perfil económico, y no solo en casos de crimen organizado.
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“Totalmente erróneas y peligrosas para el sistema de procesamiento criminal en Puerto Rico. […] No sé de dónde sacaron esas ideas. Todas esas propuestas son peligrosas y atentan contra la facultad, número uno, del ejecutivo de poder radicar las acusaciones y, número dos, de que haya un proceso justo y ecuánime como lo hay ahora bajo el panel del FEI y bajo la Ley de Ética Gubernamental y bajo la ley del Inspector General para que todo eso fluya adecuadamente”, dijo el secretario al apuntar que la Opfei es necesaria y es una garantía sobre la transparencia de los trabajos de esta índole.
Emanuelli Hernández aseguró que, con una medida como esta para grabarse de persona a persona, ya que está prohibido constitucionalmente la grabación telefónica, se puede obtener información al nivel que lo hacen las autoridades federales, y que esta sería una prueba difícil de impugnar.
Según el secretario, ya conversó del tema con el gobernador, quien ve la propuesta con buenos ojos.
Asimismo, informó que todavía trabajan en los borradores de las demandas que someterán por recobro de dinero a funcionarios envueltos en casos de corrupción a nivel municipal, como lo fue el del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero.
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Encaminada reestructuración de Albergue de Testigos
Por otra parte, el secretario informó sobre el acceso a fondos federales que tendrán víctimas y testigos de delitos para tener protección y ayuda para, entre otras cosas, trasladarse por su seguridad, y reiteró la importancia de que las personas sepan sobre su disponibilidad.
Sobre la condición del Albergue de Testigos, el secretario confirmó que ya se aprobó y se escogió a un contratista, luego de someter propuestas a la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG), para reestructurar los espacios. Asimismo, utilizarán fondos del American Rescue Plan Act (ARPA, por sus siglas en inglés), para completar una segunda fase. Para este proyecto se requieren entre $9 y $10 millones que ya están identificados, informó Emanuelli Hernández.
