El senador José “Josian” A. Santiago Rivera cuestionó hoy, martes, la decisión de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado de derrotar el Proyecto del Senado 865, de su autoría, dirigido a eliminar el impuesto al inventario para comerciantes con ventas brutas anuales de mercancía de hasta $5 millones. El legislador atribuyó la determinación a consideraciones políticas y lamentó que se rechazara una propuesta que contemplaba mecanismos para compensar a los municipios por la reducción de sus ingresos.
Santiago Rivera expresó su inconformidad con el resultado de la sesión legislativa del jueves 29 de octubre porque la medida había recibido aprobación unánime en la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, con el respaldo de todas las delegaciones, incluida la del PNP, pero posteriormente fue derrotada mediante votación a viva voz en el hemiciclo.
“El PNP habla de eliminar el impuesto al inventario, pero cuando llega el momento de convertir esas expresiones en acciones legislativas, hace exactamente lo contrario. Resulta difícil justificar que una medida que recibió el respaldo de todas las delegaciones en comisión termine derrotada por la mayoría legislativa en el hemiciclo. Estamos hablando de una contribución que afecta directamente la capacidad de nuestros comerciantes para mantener sus negocios, ampliar sus operaciones y generar actividad económica”, destacó Santiago Rivera.
El senador recordó que el rechazo ocurre un año después de que la gobernadora Jenniffer González Colón vetara una legislación anterior relacionada con este impuesto y anunciara la creación de un comité para desarrollar una alternativa. Denunció, además, que las propuestas anunciadas todavía no se han materializado.
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“Pueden anunciar todos los comités, estudios y gestiones que entiendan necesarios, pero mientras esas iniciativas no produzcan resultados, el problema permanece y quienes pagan las consecuencias son nuestros comerciantes. Cada dólar que un negocio destina a pagar contribuciones sobre mercancía que todavía no ha vendido es un recurso que deja de estar disponible para sus operaciones. También tenemos que reconocer que los municipios dependen de estos recaudos para ofrecer servicios esenciales. Por eso presentamos una alternativa que procuraba aliviar la carga contributiva del comercio sin desatender la estabilidad fiscal municipal. Lo que hace falta es voluntad para encontrar soluciones responsables y ponerlas en práctica”, añadió Santiago Rivera.
El P. del S. 865 proponía eximir del impuesto al inventario a comerciantes cuyas ventas brutas anuales de mercancía no excedieran los $5 millones. De acuerdo con los datos presentados por el legislador, la medida habría beneficiado a más del 93 % de los comerciantes que actualmente pagan esta contribución. La propuesta contemplaba disposiciones dirigidas a compensar a los municipios por la reducción de recaudos. Entre ellas figuraban mecanismos de certificación de las pérdidas contributivas y la identificación de recursos para atender el efecto fiscal de la exención.
Durante su consideración legislativa, el proyecto fue examinado por la Comisión de Asuntos Municipales, que recibió ponencias de organizaciones representativas del sector comercial y entidades relacionadas con las finanzas municipales. El legislador sostuvo que el impuesto al inventario representa una carga económica para los comerciantes porque grava mercancía almacenada que todavía no ha generado ingresos mediante su venta. Asimismo, señaló que esta contribución puede desalentar que los negocios mantengan inventarios suficientes para atender la demanda de los consumidores, particularmente durante emergencias o interrupciones en las cadenas de suministros.
Al referirse al futuro de esta iniciativa, Santiago Rivera manifestó que la derrota legislativa no debe representar el abandono de una discusión que considera fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico. El senador reafirmó su disposición de promover alternativas que permitan alcanzar un equilibrio entre el alivio contributivo al comercio y la protección de las finanzas municipales.
“El comercio local no puede seguir esperando. Nuestros pequeños y medianos comerciantes necesitan condiciones que les permitan competir, mantener inventarios suficientes, proteger empleos y responder a las necesidades de sus consumidores. Al mismo tiempo debemos garantizar que los municipios cuenten con los recursos necesarios. Ambos objetivos pueden atenderse mediante legislación responsable y una política económica que reconozca la realidad de quienes sostienen buena parte de la actividad comercial de Puerto Rico. Esta votación no pone fin a nuestros esfuerzos. Vamos a continuar defendiendo alternativas que permitan eliminar esta carga contributiva y fortalecer nuestra economía”, concluyó Santiago Rivera.
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