Tras el más reciente estudio que publicara la organización sin fines de lucro Solo por Hoy, que señala cómo 500 personas enfrentan el sinhogarismo por primera vez en este 2026, los comerciantes han alzado su voz en miras a que se atienda un problema de seguridad pública que viene atado a la crisis de la falta de vivienda.
La dueña del restaurante El Saque, en Santurce, Camila Reus, narró en El Calentón algunos incidentes en la zona y cómo esto forma parte de la conversación constante, pero destacó, asimismo, cuán delicado es abordarlo debido a cómo se comprometen la salud y la seguridad pública.
Específicamente, contó cómo en el pasado mes de diciembre “me llama mi gerente y me dice: Camila, nos acaban de explotar el cristal de la vitrina, se acaba de cortar el cliente y ya la policía viene de camino. Ese individuo específicamente que nos rompió la vitrina ese día, luego de un overdose, que se me fue en las escaleras, llamamos a una ambulancia para que viniera a recogerlo porque estaba prácticamente casi muerto en las escaleras del negocio el mismo sábado que ocurre ese accidente. Llega la ambulancia, lo mira y dice ‘él está bien, él no quiere ayuda’. La persona no hablaba, nosotros pensábamos que estaba muerto“, indicó Reus.
Aunque el hombre recibirá su sentencia no solo por agredir personas, sino por robar, la joven aseguró cuán importante es que el Gobierno intervenga en estos casos y señaló que estuvo alrededor de cuatro meses tras las autoridades para trabajar con el caso.
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Por su parte, Belinda Hill, directora de Solo por Hoy, explicó que ni el hecho de ser una persona sin hogar o estar bajo los efectos de sustancias controladas no exime a la persona de ser juzgada ante la ley.
“Desde la perspectiva de salud pública, la responsabilidad recae sobre el Departamento de Salud y sobre la ASSMCA. La política del presidente de los Estados Unidos en este momento, quien es quien otorga los fondos, es que una persona no debe ir a una vivienda subsidiada si está en esas condiciones sin recibir tratamiento. El problema para Puerto Rico está que no hay a dónde enviarlo. Si mi equipo de trabajo sale e insiste y hubiese hecho la llamada que hizo la compañera hubiera insistido en una 408, que saliera alguien de la ASSMCA que dijera: Esta persona no está en las condiciones para tomar una decisión sobre su bienestar y tienen que intervenir. Y la policía se lo hubiera tenido que llevar o lo hubiera obligado a acompañarlo en la ambulancia a alguien y hubiera tenido que recibir tratamiento. Esa acción es una de las más difíciles. Primero que respondan, segundo, que un trabajador social que viene a tratar de valorar una 408 te diga que está ubicado en espacio y tiempo“, indicó.
Hill indicó que en Puerto Rico no existen los centros de tratamiento necesarios para atender estos casos. Asimismo, reiteró que es la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) la agencia que debe solicitar los fondos para crear dichas clínicas y atender la drogadicción en Puerto Rico.
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