El administrador de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario, confirmó que la primera semana de diciembre estará disponible una línea telefónica para asistir a los ciudadanos que tengan casos abiertos sobre el programa de COVID-Renta, luego que se determinara que hubo miles de personas que se beneficiaron erróneamente.
“Las personas que hayan recibido cualquier comunicación y entiendan que sometieron todos los documentos van a tener una línea que va a estar disponible de 8 a 4:30 de la tarde. […] Vamos a tener un call center. […] La compañía está contratando a todos estos teleoperadores que van a estar recibiendo todas estas llamadas. Estamos haciendo una migración a un sistema que estamos creando también para tener esa información compilada de esos casos únicos con los cuales vamos a estar trabajando“, explicó el administrador en Pega’os en la Mañana al destacar que el contrato para implementar la línea telefónica es de unos $30 mil.
Hace varias semanas comenzaron a llegarles las cartas a los ciudadanos para notificarles sobre el proceso, cuya responsabilidad recae sobre la empresa administradora que estaba encargada de evaluar las solicitudes para que la AVP emitiera las ayudas, que sumaron unos $8 millones.
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El administrador aclaró que las más de dos mil personas que han recibido cartas no son objeto de investigación por fraude en sí, sino que deberán atender la notificación para resolver sus casos y devolver cualquier pago que hayan recibido. No obstante, Rosario destacó que hay personas que sí han reconocido haber omitido alguna información al momento de solicitar la ayuda.
“Hasta este momento tenemos alrededor de 200 casos que ya hemos podido contestar, que hemos podido clarificar y muchos de esos casos también ya han establecido acuerdos de pago“, agregó.
Ahora, se espera que la empresa encargada también rinda un informe sobre la ayuda que aprobó erróneamente.
“Esta compañía es la misma compañía que corrió todos estos sistemas y todos estos fondos en los Estados Unidos. Así que no hubo un proceso competitivo. Simplemente, es una compañía que cuenta con esta expertiz, que es validada por el Departamento de Vivienda Federal, así que me imagino que en ese momento, yo no estaba en la agencia, se pudo contratar esa compañía.
Ni siquiera habían guías establecidas, así que comenzaron a trabajar sobre unas guías, sobre unas bases que habían en los 50 estados y es probable que, como pasa siempre, Puerto Rico es un caso sumamente particular por nuestra gente, por las comunicaciones y demás, así que yo creo que en ese momento fue que quizás la compañía no pudo establecer un mecanismo, quizás 100 por ciento validado, aparte de que la Administración de Vivienda Pública salió completamente de ese proceso.
Lo que para mí, si hubiese sido administrador, la Administración hubiese cumplido un rol más protagónico, quizás para poder tener esos récords al día. Y yo creo que, quizás, ahí fue que hubo un desfase. Y no creo que haya sido de mala intención de parte de la Aadministración. Simplemente, necesitaban que el dinero llegara a nuestra gente“, destacó.
