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“Yo no tengo ningún deber de reunirme con ellos”, dice Eduardo Ferrer a legisladores que tronaron contra aprobación de una APP para el sistema de generación eléctrica

Mientras, aseguró que nunca avalaría un acuerdo que no favorezca a los empleados de la AEE

Tras la aprobación de una alianza público privada (APP) para el sistema de generación eléctrica del país por parte de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), el representante del interés público en la junta directiva de dicha entidad, Eduardo Ferrer, descartó que tuviera que dar explicación alguna a los legisladores de la delegación popular que tronaron en su contra por dar un voto a favor de la privatización del sistema.

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Los reclamos de los legisladores no tienen paso, ya que yo no tengo ningún deber de reunirme con ellos ni explicarles nada sobre lo que yo hago en la junta de directores. Las tomas de decisiones mucho menos se consultan con los legisladores”, expresó Ferrer, quien añadió que según la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (ley 120 del 2018), queda prohibida expresión alguna sobre lo que sucede en las negociaciones.

El que me conoce bien, sabe que yo no soy un sello de goma de nadie”, indicó al reiterar que los seis puntos traídos a la mesa de negociación por parte de los presidentes legislativos, José Luis Dalmau Santiago y Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, se atendieron. “Yo espero que (el contrato) se ejecute de acuerdo a las exigencias que nosotros logramos bajo las negociaciones que hicimos durante todo este mes”, añadió.

Respecto a la garantía de que se protegerán los derechos de los empleados en medio de una transición, a pesar de no contar con un patrono sucesor, Ferrer afirmó que no avalaría un acuerdo que no respete los derechos de los empleados bajo un convenio colectivo.

La meta es que se bajen los costos y tengamos una generación eficiente […] Este contrato tiene más garras y tiene más beneficios que el de LUMA”, dijo Ferrer.

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Por otra parte, el representante del interés público respondió a las críticas por la falta de transparencia en los acuerdos del contrato, y achacó la culpa a los legisladores que, supuestamente, no han enmendado la ley 120. No obstante, la ley se ha intentado enmendar, pero no ha contado con el aval del gobernador.

Hasta tanto esa ley no se enmiende o no se derogue o no se modifique o no se cambie, pues, el Gobierno ha seguido cumpliendo con esa ley a pesar de que nosotros hemos tenido objeciones en la implantación de la misma […] Por eso impugnamos el contrato de LUMA”, dijo, por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago

El líder popular destacó, además, que los derechos de los empleados dependerán únicamente de si es el Gobierno o la empresa privada quien ostenta el mando, en este caso, del sistema de generación.

Dentro de las exigencias de este contrato de transición, nosotros pusimos que sí, que se garantice el derecho de los trabajadores que existe hoy, siempre y cuando esté llevándose a cabo este contrato”, dijo Dalmau Santiago.

El líder del Partido Popular Democrático (PPD) prefirió no entrar en controversia alguna con sus compañeros populares respecto a si la determinación de los representantes del interés público violenta lo acordado en la asamblea de reglamento de la Junta de Gobierno de la colectividad. Aseguró, además, que en un caucus del PPD en el Senado, el pasado jueves, se les informó a los legisladores lo que estaba ocurriendo.

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Reaccionan legisladoras

Tanto las legisladoras por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, como por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, mostraron su oposición a una APP en la generación.

Nos oponemos enfáticamente a los procesos de privatización, en particular, a este proceso de la privatización de la generación que le va a dar a una empresa que ya falló, proveyendo el gas a las unidades 5 y 6, el monopolio del 60 por ciento de la generación del país […] Esto es una barbaridad”, reiteró la representante Nogales Molinelli al reiterar que el Gobierno ha actuado como pillo en la noche con el proceso de la APP.

Hay que rechazar de la manera más contundente, más absoluta, sin buscar excusa, toda forma de privatización de servicios esenciales”, añadió, por su parte, la senadora Santiago Negrón, al indicar que no hay avance alguno en pasar de un monopolio público a uno privado.

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