JCF acude al Supremo Federal para frenar fallo que autorizó a la prensa acceso a información pública
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, anunció el miércoles que acudirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos para frenar la determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston que en mayo falló en su contra y confirmó la demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y otros gremios periodísticos que dan paso al acceso a la información pública.
“En virtud de PROMESA, el Congreso creó expresamente la Junta como una entidad dentro del gobierno territorial y, como tal, la Junta goza de inmunidad soberana a tenor de la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, la decisión del 17 de mayo de 2022 del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito sostiene que la intención del Congreso, al aprobar PROMESA, era abrogar dicha inmunidad”, sostuvo Skeel en declaraciones escritas.
“Esta decisión es la primera de su tipo en el marco de PROMESA y es contraria a los precedentes establecidos. Es un principio fundamental del sistema federal americano que una ley a nivel federal no abroga la inmunidad soberana bajo la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, salvo que dicha intención sea “inequívocamente clara” en el texto de la ley”, añadió.
El CPI presentó una demanda contra la Junta conforme al Artículo II, § 4 de la Constitución de Puerto Rico, disposición que le impone al gobierno de Puerto Rico amplias obligaciones de revelar documentos en su posesión. La Junta solicitó que se desestime la demanda del CPI por motivos de inmunidad soberana y otras razones.
Un panel dividido del Primer Circuito confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que denegó la moción de desestimación de la Junta.
“(Esto) redujo así el estándar para que los tribunales fallen a favor de la abrogación”, opinó Skeel. “Al hacerlo, el tribunal introdujo incertidumbre en este ámbito del derecho y el riesgo de que se anule una protección básica en situaciones en las que el Congreso no tenía intención de hacerlo. La Junta presentó una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que revise la decisión del Primer Circuito”, concluyó.
